El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha propuesto que los casos de padres que sean multados hasta en tres ocasiones por no llevar a sus hijos en el coche con el sistema de retención adecuado, sean examinados por el Fiscal de Menores para que éste valore si procede o no adoptar medidas de protección, como vigilancia protectora o suspensión de tutela.
La propuesta implicaría que las autoridades de tráfico remitieran a la Fiscalía de Seguridad Vial los expedientes de los padres que de manera reincidente infringieran esta norma, para que a instancias del fiscal se pudieran incoar diligencias preprocesales y tras valorar las circunstancias concurrentes, pasar el caso al Fiscal de Menores (sería éste el que, si considera que procede, adoptaría las citadas medidas de protección a los menores).
En total, en 2010 fallecieron 79 niños en accidentes de tráfico, frente a los 60 muertos en 2009, según cifras de la Dirección General de Tráfico (DGT). En alrededor de un 15 por ciento de los casos los menores fueron aplastados por otro ocupante del vehículo o salieron despedidos fuera del mismo (en un 36% de los casos), según el estudio de la Fiscalía a partir de la muestra analizada.
El fiscal ha establecido un protocolo de investigación de los accidentes accidentes de tráfico en los que se vean implicados niños, que obliga, entre otros asuntos, a:
- Incluir en la autopsia de los menores su peso y su talla para que el fiscal pueda determinar si se habían utilizado los elementos de seguridad adecuados a su edad y envergadura, según ha explicado Vargas.
- Incluirán fotografías detalladas de la "sillita" o sistema de retención en que viajaba el menor.
- Realización de informes periciales para determinar si el niño hubiera podido salvar la vida en caso de que los adultos que viajaban con él en el vehículo le hubieran asegurado adecuadamente.
Asimismo, el fiscal coordinador de Seguridad Vial ha dado instrucciones para que en aquellos casos en los que, como consecuencia de esa investigación pericial, se pueda determinar que el niño hubiera salvado la vida o no hubiera sufrido lesiones graves en caso de llevar un sistema de retención adecuado, los fiscales pedirán un agravamiento de la pena que podría traducirse, en caso de que además el conductor hubiera cometido un exceso de velocidad o consumido alcohol, en condena más graves por homicidio imprudente (de 1 a 4 años de prisión y de 1 a 6 de privación del derecho a conducir) o lesiones imprudentes (penas de 6 meses a 2 años de prisión y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años).
Además, Vargas ha señalado que aquellos casos de imprudencias al volante que normalmente se traducen en una falta por ser la imprudencia leve (excesos de velocidad, positivos de alcoholemia y otras faltas no graves) cuando el niño va correctamente sujeto, se podría solicitar por parte de la Fiscalía un agravamiento de la pena hasta considerarlo un delito si el niño no fuera adecuadamente sujeto.
De los casos analizados por la Fiscalía,
el 46 por ciento de los menores no utilizaba ningún sistema de retención infantil y del porcentaje que sí lo hacía,
únicamente el 18 por ciento lo hacía de modo correcto.
Otro aspecto a destacar, consiste en que el delito o falta se imputará a los padres o tutores legales del niño que viajen en el vehículo, aunque no sean éstos quienes conduzcan, ya que es a ellos a quien corresponde según el Código Civil "velar por el menor".
El fiscal ha indicado que en el caso de infracciones relacionadas con el transporte escolar, esta imputación de los padres es más compleja, por lo que la Fiscalía está estudiando exigir responsabilidades penales también para estos terceros (autobuses y taxis).
En este sentido, Vargas va a proponer que se obligue a llevar a los menores de tres años con sistemas de retención adecuadamente homologados para su edad, también en taxis y autobuses urbanos.
Fuente | www.europapress.es 06/06/12
