Con motivo de la presentación de
la Memoria anual 2011 de la Fiscalía General del Estado, coincidiendo con la apertura del año judicial (del 1 de septiembre al 31 de julio, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial), la Fiscalía ha informado que se observa un incremento importante en el número de
procedimientos incoados por delitos contra la seguridad vial, incluyendo
diligencias previas y urgentes. Las cifras de este último año superan en un 27 % a las recogidas en la memoria de 2010, siendo especialmente
significativo este aumento en el ámbito de los delitos de conducción embriagada y sin permiso.
Concretamente, el número de diligencias abiertas en los tribunales contra conductores que superaban el límite permitido de alcohol, ha pasado desde 71.181 en 2010 hasta 84.352 en 2011 (un 18% más que el año anterior), mientras que el número de diligencias por conducir sin carné ha aumentado todavía más, un 52%, desde 32.405 diligencias en 2010 hasta 49.267 en 2011. Por su parte, el resto de delitos contra la seguridad vial se mantienen relativamente estables.
El Fiscal señala que la reducción de víctimas en accidentes de
tráfico durante el año 2011 ha venido acompañada de un aumento de los
procedimientos incoados por delitos contra la seguridad vial, pero a pesar del importante número de procedimientos incoados y del
porcentaje de sentencias condenatorias, "el binomio alcohol/drogas y
conducción sigue siendo un factor clave en las todavía elevadas y evitables
cifras de siniestralidad en las carreteras".
Concretamente, el número de diligencias abiertas en los tribunales contra conductores que superaban el límite permitido de alcohol, ha pasado desde 71.181 en 2010 hasta 84.352 en 2011 (un 18% más que el año anterior), mientras que el número de diligencias por conducir sin carné ha aumentado todavía más, un 52%, desde 32.405 diligencias en 2010 hasta 49.267 en 2011. Por su parte, el resto de delitos contra la seguridad vial se mantienen relativamente estables.
De esta manera, los delitos más frecuentes en el ámbito de la seguridad vial y, en general en el
cómputo total de infracciones penales siguen siendo la conducción bajo los
efectos del alcohol y la conducción sin permiso, según advierte la
Fiscalía.
De hecho, de las 771 personas que
cumplen penas de prisión en España actualmente por un delito de la seguridad,
como causa principal, el 26,2% (202 personas) lo hacen por conducción bajo los
efectos del alcohol y el 33,4% (258) por conducir sin carné, lo que convierte a
estos dos delitos en las dos principales causas por las que se cumple prisión
en relación a la seguridad vial.
Como posible solución, que
permita hacer frente a esta realidad, la Fiscalía propone modificar el Código
Penal para que en los casos de conductores condenados a prisión por haber sido
sorprendidos conduciendo borrachos en diferentes ocasiones, el juez pueda
condicionar la suspensión de la privación de libertad a que se realicen programas
de recuperación o desintoxicación.
Así, en aquellos casos de
reincidentes en los que se pueda probar una relación de la comisión del delito
con posibles alteraciones de conducta derivadas del consumo habitual o adicción
al alcohol o drogas tóxicas, los conductores deberían pasar por un programa de
desintoxicación antes de poner optar a una suspensión de la pena.
Asimismo, la Fiscalía propone
modificar el Código Penal para que en los casos de multirreincidencia por
conducir sin carné, el juez pueda condicionar la suspensión de la pena a que se
supere los exámenes para sacarse o recuperar el permiso de conducir, así como a
la realización por el sujeto de programa de resocialización y educación.
Por otro lado, la Fiscalía se
refiere a los conductores condenados a penas de prisión no superiores a dos
años por homicidio o lesiones al distraerse al volante o cometer una
imprudencia y propone una modificación de Código Penal para supeditar la
concesión de la suspensión de su pena a la realización de un curso de técnicas
de concentración, de corrección en el manejo y control de vehículos de motor o
a la utilización en el vehículo que va a conducirse de una medida de seguridad
activa o de control que prevenga en el futuro la realización de conductas infractoras.