José Miguel Báez, presidente de
la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), asegura que los retrasos en
las pruebas prácticas de los permisos de conducir siguen trayendo de cabeza a
miles de aspirantes a conductores y a autoescuelas de una parte significativa
de las provincias españolas. En algunas de ellas todavía se dejan sentir los
efectos de la huelga de examinadores del año pasado, conflicto que parece claro
que se cerró en falso.
Más de una decena de las
provincias no han recuperado todavía una cadencia normal en las pruebas de
circulación, sin que se vislumbre una pronta solución. En estas provincias, cada
autoescuela ha de esperar alrededor de un mes para poder examinar a sus
alumnos. Además, se está haciendo demasiado frecuente el hecho de que las
fechas para la celebración de las pruebas sean provisionales e incluso que se
cambien a última hora. A veces los aspirantes no saben que se van a examinar
hasta 48 horas antes.
La escasez de funcionarios para
las tareas de exámenes no sólo no se soluciona, sino que se agrava. Baste
mencionar el fracaso del último concurso para proveer plazas de examinadores
del permiso de conducir, que se hizo público el 19 de febrero pasado: se ofertaron
75 plazas y 17 quedaron desiertas.
La CNAE solicita medidas que
impidan que el servicio de exámenes de tráfico continúe deteriorándose. Una de
ellas, aunque no la única, bien pudiera ser la de encomendar la supervisión del
examen teórico y de las pruebas en pista a guardias civiles de la Agrupación de
Tráfico.
El ejemplo de Francia
En este sentido, exponen como deseable
que las autoridades imitasen el ejemplo de Francia, cuyo Gobierno ha habilitado
a personal proveniente de otras ramas de la Administración para controlar las
pruebas teóricas, llegando incluso a utilizar en circunstancias excepcionales a
gendarmes retirados para hacer las pruebas de pista. Al fin y al cabo, ¿quiénes
mejores que ellos, con larga experiencia a pie de carretera, para empoderar a
los nuevos conductores? Con esa medida, de prácticamente nulo coste, se conseguiría
liberar más examinadores para la prueba de circulación, que es la que más
retrasos acumula.
En el caso de España, se ha
propuesto hacer lo mismo, pero con la Guardia Civil. La ventaja de los agentes
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil es que podrían desempeñar la
función de examinadores sin apenas necesidad de adiestramiento. Adicionalmente,
la CNAE ha vuelto a solicitar a la DGT, que considere también la posibilidad de
reforzar con carácter perenne o transitorio la plantilla de examinadores de
tráfico mediante profesores de Formación Vial, otro colectivo suficientemente
preparado.
